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Democratizar la economía no es repartir el mismo resultado

Democratizar la economía no es repartir el mismo resultado

Comparto este diálogo de Portafolio sobre economía y democracia porque toca una confusión frecuente: tratar la democratización de la economía como si significara que todas las personas deben terminar con el mismo ingreso. Esa no es la única, ni necesariamente la mejor, forma de entenderla.

En una economía de barrio se ve con claridad. Dos tiendas pueden vender productos parecidos y enfrentar precios similares de los proveedores. Pero una tiene crédito, otra compra fiado a tasas altas; una está en una calle transitada, otra depende de domicilios; una puede soportar dos meses malos, otra cierra después de una semana. Decir que ambas “compiten” no describe completamente sus opciones reales.

La diferencia entre elegir y tener opciones Democratizar la economía debería ocuparse, primero, de quién puede participar en las decisiones y bajo qué condiciones. No basta con que exista formalmente la posibilidad de abrir un negocio, estudiar o buscar empleo. Importa cuánto cuesta hacerlo, qué riesgos se pueden asumir y quién tiene margen para equivocarse.

Un trabajador que acepta un empleo informal puede estar eligiendo, en un sentido muy estrecho. También puede estar escogiendo entre ese empleo y no pagar el arriendo. La elección existe, pero la estructura de alternativas es muy desigual. Reconocerlo no elimina la responsabilidad individual; evita convertir una restricción económica en un juicio moral sobre la persona.

El papel incómodo de los incentivos Aquí conviene desconfiar de ambos extremos. Unos creen que toda desigualdad prueba que el mercado está mal diseñado y que basta con una decisión estatal para corregirla. Otros suponen que cualquier intervención destruye los incentivos y que el resultado observado refleja exactamente el mérito.

Ninguna de las dos ideas describe bien la economía colombiana. Una política de crédito subsidiado puede ampliar oportunidades, pero también terminar favoreciendo a quienes ya saben navegar los trámites. Una regulación laboral puede proteger a trabajadores, pero si eleva mucho el costo de contratar en ciertos sectores, puede empujar parte de la actividad hacia la informalidad. El mecanismo importa tanto como la intención.

Qué habría que medir Una agenda de democratización económica tendría que preguntar cosas concretas: quién accede al crédito y en qué condiciones; quién puede cambiar de empleo sin perder la cobertura de salud; cuánto tarda una empresa pequeña en formalizarse; qué tan concentrados están los mercados locales; quién participa en las decisiones sobre impuestos, transporte o suelo urbano.

La igualdad política también necesita una base material mínima. Pero construirla no consiste en prometer que toda diferencia desaparecerá. Consiste en reducir dependencias arbitrarias, ampliar alternativas y hacer que las reglas sean menos fáciles de capturar por quienes ya tienen recursos.

Esa me parece una conversación más útil que la oposición entre “mercado” y “Estado”. La pregunta no es cuál de los dos gana, sino quién queda con opciones reales después de que ambos operan.

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